• El delegado del PRI desestima la gravedad de la denuncia en contra de su candidato, por revelar comunicaciones manipuladas: Marcelo Torres Cofiño.

Benedicto Hernández Zepeda

La Paz, Baja California Sur.- El desconocimiento absoluto de las leyes mexicanas del delegado especial del PRI, Jorge Schiaffino y de los asesores de Ricardo Barroso Agramont, se han convertido en sus principales adversarios del candidato ya que el Código Penal Federal en el artículo 211 bis, establece penas de hasta doce años de prisión a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información obtenida en una intervención de comunicación privada.

Lo anterior fue dado a conocer por el diputado federal, Marcelo Torres Cofiño, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en Baja California Sur, quien destacó que el desconocimiento absoluto de las leyes mexicanas, por el delegado especial del PRI, Jorge Schiaffino, lo han llevado a desestimar la gravedad e implicaciones de la denuncia que interpondrá Carlos Mendoza Davis, en contra de Ricardo Barroso Agramont por revelar comunicaciones manipuladas.

Marcelo Torres Cofiño, afirmó que: “La ley es muy clara: el Código Penal Federal en el artículo 211 bis, establece penas de hasta doce años de prisión a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información obtenida en una intervención de comunicación privada”

Y agregó que la serie de errores que comete constantemente Ricardo Barroso, no son producto de la casualidad, porque las pifias que lo mantienen muy por debajo en las preferencias electorales, pueden ser producto del pésimo asesoramiento de quienes, por ignorancia de la ley, hacen que el candidato de PRI cometa constantes errores y en ocasiones acciones ilícitas que samcionan las leyes.

Y para, el delegado panista dijo que ahora los abogados y asesores de Ricardo Barroso y del PRI deberán ocuparse por defender en los tribunales a su candidato porque, como consecuencia de su desesperación y el mal asesoramiento de sus asesores, ha incurrido en violaciones a las leyes federales, cuyas consecuencias están debidamente tipificadas en la Ley. Lo que ocurra en los siguientes días, serán las autoridades y la ciudanía, las que definirán quién tiene la razón.

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