• Pide a la Cámara de Diputados cancelar el proceso parlamentario de la Ley, que generará prácticas depredatorias, abusivas y de descontentos sociales.

Benedicto Hernández Zepeda

La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado habrá de pedir a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión que detenga en forma definitiva el proceso parlamentario de la Ley General de Aguas, que analiza el Poder Legislativo Federal por ser una norma que de entrar en vigor, atentaría contra los mexicanos, ya que privatizaría el agua en el país, lo que de tajo eliminaría el sentido social de la legislación nacional vigente.

Lo anterior se desprende del pronunciamiento que hizo en la sesión de la Diputación Permanente, la diputada Edith Aguilar Villavicencio, quien destacó que la imposición de criterios de tipo mercantil en el acceso al vital liquido, “derivaría en escenarios similares a otros procesos de privatización del agua en el mundo, los que lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al vital líquido, han terminado por entregar los recursos hídricos a corporaciones trasnacionales, s caracterizadas por incurrir en prácticas depredatorias, abusivas y generadoras de descontentos sociales”.

Advirtió la legisladora sobre la cada vez menor disposición de agua en el país y en Baja California Sur, como consecuencia de “la sobreexplotación y la contaminación, que poco a poco están dejando a mexicanos y sudcalifornianos sin acceso a este vital elemento”, por lo que se pronunció porque los diputadores federales, acuerden una legislación con sentido social, que garantice el acceso de todos al servicio y que se establezcan en la propuesta de nueva Ley General de Aguas, mecanismos específicos para el cuidado de este importante elemento.

En todo el país hay carencias en la cobertura y calidad de los servicios de agua. 13 millones de mexicanos carecen de agua potable y 23 millones no cuentan con alcantarillado en sus viviendas.

Del total del suministro de agua en el país, 10% se destina al agua de uso humano y 11% al uso industrial. La falta de mantenimiento en los sistemas de suministro y distribución originan la pérdida del 40% del agua y la prestación de los servicios se realiza con niveles de eficiencia y productividad bajos.

Conforme a la Ley, el agua es un bien de dominio público, vital, vulnerable y finita, con valor social, económico y ambiental, cuya sustentabilidad y preservación en cantidad y calidad es prioridad y asunto de seguridad nacional y una tarea que comparten el Estado y la sociedad.

Por ello, la solución de la problemática hidráulica para responder a las expectativas de desarrollo y bienestar de la sociedad requiere ante todo de la concurrencia de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, con la participación de los usuarios y la sociedad organizada, para el cuidado, preservación  y mantenimiento del ciclo del vital recurso.

Agregó la legisladora que el 8 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, una adición al Artículo Cuarto Constitucional para garantizar el derecho humano al agua, al precisar que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

Pero recientemente la CONAGUA presentó a la Cámara de Diputados, la iniciativa de la nueva Ley General de Aguas que privatiza el agua en México y cuyo dictamen fue aprobado al vapor en comisiones el pasado miércoles, con violaciones a la normatividad interna de la Cámara y que se pretendía discutir en el pleno de ayer.

El dictamen de la nueva Ley General de Aguas, facilita la privatización del suministro e infraestructura hidráulica en todo el país y declara de interés público la participación de concesionarios y organismos privados que prestarán el servicio público, lo que es violatorio de los derechos humanos, además de que propone trasvases de una cuenca a otra y que la explotación del recurso nacional, sea concesionado a particulares hasta por 70 años.

Los trasvases de una cuenca a otra, dijo la legisladora, consisten en la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, que se trasladan de una cuenca para ser utilizadas en otra, prohibidos en la Ley vigente, el dictamen plantea que se concesionen hasta por 70 años, lo que legalizará proyectos como el de Monterrey VI y entregado a Grupo Higa.

Otro de los graves riesgos de la nueva Ley de Aguas, dijo la diputada Aguilar Villavicencio, es que el uso minero del agua no requerirá de concesión, lo que significa que las empresas mineras tendrán derecho al agua por sobre los intereses de la comunidad, lo que permitirá la participación del capital privado podrá en extracción, captación, conducción, potabilización, distribución, suministro, tratamiento, recolección, disposición, desalojo, medición, determinación, facturación y cobro de tarifas del líquido, lo que significa que los municipios podrán concesionar total o parcialmente la prestación del servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.

El proyecto de Ley terminaría, en la práctica, con la potestad gubernamental sobre la distribución del vital líquido y representaría un atentado contra el abastecimiento mínimo de agua por parte del Estado a la población, lo que representa en realidad el traslado de los recursos naturales y servicios públicos a empresas privadas, con argumentos similares a los usados para la privatización petrolera o la electricidad, por la supuesta inoperancia técnica, administrativa y financiera de los organismos públicos encargados de manejar tales recursos y servicios.

La diputada Aguilar Villavicencio advirtió que, permitir el ingreso del sector privado a los recursos hídricos es improcedente y peligrosa, porque esas actividades constituyen un asunto de la mayor importancia social, económica, sanitaria y de seguridad nacional y atentan directamente contra un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas y la imposición de criterios mercantiles en el acceso al agua, derivaría en escenarios similares a los procesos de privatización del agua en el mundo, que lejos de contribuir a garantizar el acceso universal al líquido, han terminado por entregar este recurso a corporaciones trasnacionales, caracterizadas por incurrir en prácticas depredadoras, abusivas y generadoras de descontentos sociales.

Y concluyó al señalar que con la nueva Ley de Aguas, se pretende eliminar el sentido social de la legislación nacional en materia de recursos hídricos, para convertir su extracción, tratamiento y distribución en un negocio y dejar que sean las lógicas de mercado las que regulen tales actividades, así que de modificarse el Artículo Cuarto de la Constitución, relativo al derecho humano al agua, se está realmente utilizando para convertir el agua en negocio de consorcios mercantiles y obligar a las autoridades municipales a concesionar la operación de los sistemas de agua a particulares.

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