El papa Francisco se reunió el viernes con el obispo que encabeza la diócesis en Chile donde ha habido una oposición sin precedentes a la nominación de su sucesor, quien es acusado de encubrir a uno de los pederastas más notorios en ese país.

El Vaticano no difundió detalles de la audiencia del pontífice con monseñor Fernando Natalio Chomali Garib, quien provisionalmente encabeza la diócesis de Osorno desde que el obispo anterior fue transferido en 2013.

En enero, Francisco nombró al obispo Juan Barros Madrid para asumir el cargo permanentemente. Sin embargo, en las semanas que siguieron, unos 1.300 fieles de Osorno, 51 de los 120 legisladores nacionales de Chile y unos 30 sacerdotes de la diócesis exhortaron al papa a anular el nombramiento.

Ellos acusan a Barros de encubrir al reverendo Fernando Karadima, un destacado y carismático sacerdote sancionado por el Vaticano en 2011 por abusar sexualmente de menores. Una queja criminal contra Karadima fue desestimada porque ya había expirado el estatuto de limitaciones, sin embargo le juez chileno a cargo del caso determinó que las acusaciones de abuso eran verdaderas.

Barros ha sido cercano a Karadima y algunas de las víctimas de éste lo acusan de defender al sacerdote ante las denuncias.

El caso Barros es considerado una prueba para el papa en lo que respecta a responsabilizar a los líderes eclesiásticos que encubren a pederastas. Francisco ya envió a un investigador vaticano a la diócesis de Kansas City, Estados Unidos, donde el obispo Robert Finn se declaró culpable de un cargo menor por no reportar a un prelado que tenía pornografía infantil en su computadora.

Sin embargo, el Vaticano no ha tomado acción contra Finn y ningún obispo ha sido sancionado públicamente hasta ahora por encubrir a pederastas.

Integrantes del comité asesor sobre abuso creado por el pontífice han dicho que responsabilizar a obispos es una de sus principales prioridades y que están elaborando propuestas para que el papa sancione a los religiosos involucrados.

Un 2017 más complicado

Analistas estimaron que el entorno para las finanzas públicas se complicará todavía más para 2017 porque el Gobierno mexicano perderá los recursos que percibe por la importación de gasolinas. El Gobierno recibió más de 24,000 mdp por la venta de combustibles en enero.

Sin embargo, la Ley de Hidrocarburos establece que a partir del primero de 2017, los permisos para la importación de gasolinas y diesel a podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. Empresas como FEMSA tienen la mira puesta en ese negocio.

“Si los precios [del petróleo] siguen bajos, el efecto será aún peor porque no solamente no se tendrán los recursos de las coberturas sino que estos ingresos extra que tiene el Gobierno por la importación de gasolina, ya no se tendrían para el año 2017”, advirtió Carlos Serrano.