• Si bien la Asamblea Legislativa del Distrito Federal permite la realización de eventos sociales y fiestas, éstos violan algunos reglamentos de la Ley de Cultura Cívica de la capital

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México.- El Centro Cultural Parque de los Espejos en Polanco se puede rentar con 54 pesos para dar clases de guitarra o por 254 pesos para clases de baile. El Museo de la Ciudad de México se alquila para una actividad matutina por 17 mil 756 pesos para 400 personas y el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris lo puede utilizar por 78 mil 537 pesos diarios.

En México hay aproximadamente 100 mil monumentos históricos (80 por ciento son propiedad privada y el resto pública), según el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En el Distrito Federal se encuentran 4 mil 307 —la mayoría en las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo—, y si los reglamentos vigentes lo permiten, se pueden utilizar para fiestas, conferencias y hasta para clases de guitarra.

A pesar de que los fondos son públicos, no se sabe en qué se utilizan. La explicación oficial es que se destinan al área de autogenerados, y después a su supuesto mantenimiento y conservación, porque los recursos presupuestales asignados son insuficientes.

Si bien las rentas de las edificaciones públicas construidas entre los siglos XVI y XIX en el Distrito Federal no están prohibidas, según las publicaciones en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 20 de febrero, 20 de marzo, 13 de junio y 1 de agosto de 2014, la realización de fiestas y eventos sociales violan algunos reglamentos de las leyes de Cultura Cívica y Cementerios de la capital.

Por ejemplo, está prohibido “producir o causar ruidos por cualquier medio que atenten contra la tranquilidad o representen un posible riesgo a la salud de los vecinos; ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados, y causar daño a un bien mueble o inmueble ajeno, en forma culposa y con motivo del tránsito de vehículos”.

Por estas razones, tanto la fiesta organizada por la actriz de Televisa Claudia Cervantes en la Rotonda de las Personas Ilustres, el 13 de junio de 2014, como la del diputado perredista José Luis Muñoz en la Capilla Británica el 20 de diciembre pasado, para celebrar el compromiso matrimonial de su sobrino Giovanni Ramírez Olvera, actual jefe de la Unidad de Mercados de la Delegación Cuauhtémoc, fueron sancionadas por las autoridades.

En el primer caso se destituyó al subdirector de Servicios al Público de la Delegación Cuauhtémoc, Rafael del Val Ruiz, mientras que la productora que organizó la fiesta, Claos Entertainment, pagó una multa de 30 mil pesos, y Cervantes, responsable del evento, pidió disculpas mediante una carta por lo sucedido. En el segundo de los casos, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, prometió indagar lo sucedido en la Rotonda.

Los Monumentos Históricos son custodiados por el INAH. Los de propiedad pública pertenecen a la Federación, los gobiernos de los estados y los municipios, así como otras instituciones como universidades, museos, centros culturales, fundaciones y organismos desconcentrados.

“La falta de recursos económicos que permitan darle mantenimiento a estos monumentos en la Ciudad de México hizo que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) permitiera que se rentaran estos lugares para obtener dinero que les ayudaran a sustentarse por sí solos”, explica Alfonso Hernández, subdirector de Patrimonio Cultural de la Delegación Cuauhtémoc.

Recursos autogenerados

El dinero recaudado por las clases de guitarra, baile, fiestas, reuniones sociales y conferencias se envía al área de autogenerados de la demarcación para que sea reinvertido en el lugar.

“Los autogenerados significan que al reducirse cada vez más el presupuesto para el mantenimiento de los inmuebles considerados patrimonio histórico, estos tienen que costearse su propia conservación. Los recortes a los presupuestos de cultura en la ciudad y en la delegación hicieron que la ALDF dictamine que estos lugares son susceptibles de renta para actividades sociales y culturales y que de esta forma generen un ingreso”, menciona Hernández.

Omar López, de la Dirección Ejecutiva de Cultura de la Delegación Miguel Hidalgo, dice que los espacios que ellos rentan para actividades culturales son lugares que la ALDF permite que se alquilen para mejoras y mantenimiento: “Los centros culturales muchas veces hacen talleres con unas tarifas que establece la misma asamblea, con la cual se le paga a los maestros”.

En el caso de la Rotonda de las Personas Ilustres, menciona el funcionario, el permiso para que la actriz de Televisa Claudia Cervantes organizara una fiesta el 13 de junio pasado fue responsabilidad del área de la Dirección de Gobierno de la Delegación: “No depende de la Dirección de Cultura”.

Rafael Emiliano, jefe de la unidad del Departamento de Autogenerados de la Delegación Miguel Hidalgo, confirma que el dinero se emplea para el mantenimiento, el pago de nómina de maestros que dan talleres, los trabajadores de limpieza y los insumos que requiere cada lugar.

La postura oficial del INAH, según su oficina de Comunicación Social, es que cada delegación del Distrito Federal tiene bajo su custodia el monumento histórico que se ubique en su demarcación, y es la propia delegación la que, bajo ciertos lineamientos, otorga los permisos: “El instituto no renta ni cobra por este tipo de espacios”, aseguran.

Arturo Balandrano, coordinador nacional de Monumentos Históricos de esa dependencia, dijo que hay un número importante de lugares con esta categoría que están resguardados por la Federación. Entre ellos destacan el Palacio Nacional, el Castillo de Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes y el Museo Nacional de las Culturas. Y es el gobierno el que decide cómo se usan estos espacios.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México hizo llegar a MILENIO una carta donde se manifiesta contra la renta de lugares como la Rotonda de las Personas Ilustres y la Capilla Británica —la cual se alquila por mil 557 pesos— para realizar fiestas o eventos sociales privados. “Se trata de monumentos y corren el riesgo de sufrir graves daños si no se aplican las medidas de resguardo y seguridad necesarias, o si los asistentes no tienen presente la importancia de dichos recintos para los habitantes de la Ciudad de México e, incluso, de todo el país”.

La dependencia destaca que sí existen algunos inmuebles considerados patrimonio histórico, que por su naturaleza pueden ser utilizados como escenarios para actividades culturales y en los que se aplican las medidas de seguridad y resguardo necesarias o que tienen espacios acondicionados para tales fines. Sin embargo, no especifica cuáles son estos lugares ni cuántas actividades se realizan en ellos.

El INBA no respondió a la solicitud de información sobre el tema.

Rentas para todos los gustos

Hace tres años se dio a conocer que entre 2006 y 2011, el Museo Nacional de Antropología recaudó más de un millón de pesos por el uso de su espacio para actividades privadas. Algunas fuentes indican que en ese mismo periodo, en el Castillo de Chapultepec, sede del Museo Nacional de Historia, se realizaron 124 actividades privadas, recudándose más de un millón de pesos.

Otros espacios que se rentan en la Ciudad de México son la Casa de Cultura de Santa María la Rivera, donde su salón de usos múltiples tiene un costo por día de mil 248 pesos; la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli , la cual se puede alquilar por 45 mil 529 pesos, y la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del DF, en la cual se puede ver la representación teatral Historia Viva por 464 pesos, según las gacetas oficiales del DF del 20 de febrero y 20 de marzo de 2014.

Alfonso Hernández explicó que “en el Museo de la Ciudad de México, por ejemplo, está prohibido subirse a la escalinata de la fuente porque se está deteriorando. Si alguien la daña se le aplicaría el Reglamento de Justicia Cívica: acudiría un especialista del INAH, diría cuánto cuesta la reparación y se sancionaría al responsable”.

Balandrano comenta que si encuentran una construcción donde se están demoliendo muros antiguos o techumbre, se envía un especialista a que dictamine la situación. De haber daño irreversible se sigue por oficio una denuncia contra quien resulte responsable. La pena de cárcel por generar daños patrimoniales es de tres a diez años, según la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

La competencia del INAH en materia de Monumentos Históricos es clara: protegerlos, conservarlos, investigarlos y difundirlos: “Nosotros podemos meternos a las haciendas de Yucatán y pedirles a los propietarios que nos dejen investigar sobre ellas, hacer un libro para la difusión y asesorarlos en materia de conservación”, explica.

“La ley señala que en su calidad de protector de acervo patrimonial el INAH es la instancia, por los especialistas que tiene, para determinar si una actividad u obra daña o no a un edificio”, según el coordinador nacional de Monumentos Históricos.

Si llega a presentarse un daño —destaca— la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos también especifica qué se debe hacer: “Una afectación, para nosotros, puede ser que una de las secretarias que trabaje en un monumento histórico traiga a su hijo, y éste al pasar por un pasillo pinte la pared con una crayola. El daño patrimonial es un delito federal que es punible con cárcel de tres a diez años. ¿Qué es un daño? Aquellas afectaciones graves que no restituyan las características originales del bien. Hace unos días bajaron un jarrón que estaba en Reforma, le rompieron un asa y no la encontramos. Esto es un daño patrimonial porque para poderlo restituir vamos a tener que ponerle una de bronce. El monumento perderá valor en términos de autenticidad”.

Un ejemplo de la ambigüedad de la ley es el caso del Monumento a la Revolución: “El lugar está privatizado. Para subir tienes que pagar 70 pesos. Esto se debió a que el Gobierno del Distrito Federal no tuvo dinero para remozarlo y decidió concesionárselo a una empresa que puso un elevador y una cafetería”, explica el subdirector de Patrimonio Cultural de la Delegación Cuauhtémoc.

Normalmente no se castiga a nadie que dañe el patrimonio: “La gente prefiere no reportar que se despostilló un espacio. Al supervisar una actividad para 400 personas en el patio principal del Museo de la Ciudad de México, por ejemplo, se está más pendiente de los meseros que de algún daño que pueda haber en el lugar”. A pesar de esto, la Delegación Cuauhtémoc suele enviar personal que resguarda, abre, cierra y cuida los espacios, explica el funcionario.