• El Gobernador del Estado visitó el rancho “Cereso” y gestionó con la empresa el pago de salarios y por instrucciones del mismo se designó a dos médicos y dos oficiales de la Policía Ministerial, para garantizar la seguridad de los trabajadores

Benedicto Hernández Zepeda

La Paz, Baja California Sur.- El Gobernador del Estado, Marcos Covarrubias Villaseñor, estuvo en el rancho “Cereso”, donde la semana anterior se detectaron las condiciones infrahumanas en el que vivían los trabajadores y tras dialogar con algunos de los 90 jornaleros, se enteró de las condiciones en que son contratados para trabajar, de los salarios ofrecidos y que finalmente los patrones no cumplen, lo que da como resultado que en los ranchos agrícolas los jornaleros vivan casi en condiciones de esclavitud.

Covarrubias Villaseñor llegó acompañado de brigadas de salud,  de atención ciudadana y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para coordinar con la empresa el pago de salarios y el regreso al estado de origen de los indígenas tarahumaras y tras conocer las condiciones en que vivían los jornaleros, señaló: “Aquí en Baja California Sur aspiramos a que las y los ciudadanos tengan un trabajo digno, donde se respeten sus derechos apegados a la legislación laboral”, en una manifestación de que evidenciaba su malestar.

En la visita a las instalaciones del rancho “Cereso”, acompañaron al Gobernador del Estado los titulares de la Secretaría de Salud, Virgilio Jiménez Patiño; el procurador General de Justicia, Adonaí Carreón; el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre De La Toba Camacho, ante quienes informó que desde el inicio de semana, instruyó a la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría del Trabajo Estatal, la Procuraduría del Trabajo, Secretaría de Salud y Atención Ciudadana, para que supervisen las condiciones de cada uno de los ranchos agrícolas desde el municipio de Mulegé hasta Los Cabos, para garantizar que se respeten las condiciones consideradas en la Ley Federal del Trabajo y se verifique las condiciones en las que viven.

Y señaló “Nos enteramos que el rancho seguía en operaciones y que no hay una denuncia ante la PGR, por los delitos de trata de personas, trabajo infantil, delincuencia organizada y explotación, como se dio a conocer en diversos medios, por lo que hemos dispuesto una revisión y acudimos a atender a estos trabajadores, para regresarlos a sus lugares de origen” … agregó que ha instruido a la Procuraduría del Estado informar a la PGR, de los resultados de la investigación que inició por estos hechos en el ámbito del fueron común y además a la Secretaría del Trabajo Estatal, que notifique a la dependencia federal, para proceda al cierre del rancho en base a sus facultades.

El propio Gobernador del Estado, coordino esfuerzos con el personal de la Comisión Estatal Tarahumara (CET) del gobierno del estado de Chihuahua, quienes en base a un padrón, realizó un análisis sobre la salud y nutrición de los 90 trabajadores agrícolas perteneciente a esa etnia, además de entregarles una foto-credencial, que les permite retornar sin problema a su lugar de origen  a bordo de autobuses que les proporcionará el Gobierno del Estado.

Así mismo dio instrucciones al subsecretario General de Gobierno, Carlos Godínez León, para contratar los servicios de tres autobuses de la empresa AutoTransportes “Aguila” y previa coordinación con la CNDH y la CEDH, personal de la Secretaría de Salud valoró a los 90 trabajadores agrícolas quienes no presentaron ningún brote epidemiológico y le fueron  completados los esquemas básicos de vacunación.

El subsecretario de Gobierno informó que la Secretaría de Trabajo Estatal, constató que la empresa cumpliera con los finiquitos a los trabajadores y cubriera sus sueldos, mismo quedó a satisfacción de los jornaleros y antes de que abordaran el transbordador, la quinta visitaduría especializada en trata de personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, les leyó sus derechos como ciudadanos y en sus condiciones por pertenecer a una etnia indígena, a quienes les ofreció asesoría jurídica en el momento y se designó a dos médicos y dos oficiales de la Policía Ministerial, para garantizar la seguridad de los trabajadores.

.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre De La Toba, verificó que el traslado que realizó el Gobierno del Estado, ocurriera con respeto a los derechos de los jornaleros, en el que se cumplió con respeto a las garantías individuales de los trabajadores, operación en la que participó personal de las diversas visitadurías del organismo.

Este contenido ha sido publicado originalmente por diarioelindependiente.mx en la siguiente dirección: http://diarioelindependiente.mx/portal/ Si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido, ojo AL PRINCIPIO DE LA NOTA. Atte. Diario El Independiente