• ‘‘El agente policiaco habría sido torturado para que firmara su declaración’’

Christian González Amezcua, Corresponsal

San José del Cabo, Baja California Sur.- En su sitio web, el abogado defensor del policía municipal Raúl Orozco Martínez, a quien el pasado 12 de febrero le fue ejecutada una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad por el delito de robo en agravio al Ayuntamiento de Los Cabos, argumenta que, pese a que la familia del agente policíaco interpuso una juicio de amparo por ataques a la libertad personal, privación ilegal de la libertad, incomunicación y violación grave a los derechos humanos, cuya admisión fue publicada en la lista de acuerdos con fecha 10 de febrero (114/2014), esta fue suspendida por un juez.

En dicho sitio web, el abogado Sigifredo Álvarez, describe lo siguiente:

‘‘Siendo las 08:00 horas del día 10 de febrero del 2015 el señor Raúl Orozco Martínez salió de su domicilio a bordo de un pick up Dodge Dakota color blanco rumbo a su trabajo en la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Cabos, en el trayecto fue interceptado por patrullas de la Policía Ministerial del Estado de la cual descendieron diversas personas armadas quienes sin mostrar orden judicial o ministerial alguna (orden de presentación, de comparecencia, de aprehensión o de arresto) lo sometieron con el uso de la fuerza y lo subieron esposado al pick up color blanco de la Policía Ministerial y uno de los agentes abordó el vehículo Dakota y se retiraron del lugar.

El mismo día los familiares y los abogados defensores de Raúl Orozco Martínez nos trasladamos a la Comandancia de la Policía Ministerial con domicilio en Las Veredas de esta ciudad y al preguntar por la situación jurídica de Raúl Orozco Martínez, el comandante de la Policía Ministerial y los diversos agentes que se encontraban acompañándolo nos negaron toda información relativa a la detención ilegal de tal persona, aduciendo que no se encontraba en esa comandancia, que ahí no había separos y que buscáramos en la ciudad de La Paz porque también ellos podrían venir a San José del Cabo a llevarse a los detenidos para interrogarlos.

Es el caso que uno de los empleados de la Procuraduría nos informó que, en efecto, en esa comandancia se encontraba privado de su libertad el señor Raúl Orozco Martínez ante lo cual insistimos en verlo y nos explicaran el motivo y justificación de su detención toda vez que esta persona ya había rendido en días previos su respectiva declaración testimonial por los hechos ocurridos en el Palacio Municipal de San José del Cabo.

La respuesta del personal de la Policía Ministerial en esta segunda ocasión fue que si lo tenían detenido pero que NO TENIAN NINGUNA ORDEN DE APREHENSION O PRESENTACION Y QUE A RAUL OROZCO SE LE HABIAN SUSPENDIDO SUS GARANTIAS INDIVIDUALES POR ORDENES SUPERIORES, que permanecería encerrado e incomunicado hasta nuevo aviso y que si se resistía le iban a pegar unos chingazos, que nos retiráramos del lugar.

En vista de tales arbitrariedades de forma inmediata la familia interpuso Juicio de Amparo en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Policía Ministerial por los ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD INCOMUNICACIÓN Y VIOLACIÓN GRAVE A LOS DERECHOS HUMANOS DEL QUEJOSO; dicha demanda de amparo fue turnada al Juez Primero de Distrito y radicada con el número de expediente 114/2015 de su índice cuya admisión fue publicada en listas de acuerdos de fecha 10 de febrero hogaño.

En consecuencia, el Juez Primero de Distrito ordenó que se suspendieran tales actos y ordenó inmediatamente que se trasladara un actuario judicial a los separos de la Policía Ministerial para constatar la integridad física del C. Raúl Orozco Martínez y requirió a la Procuraduría General de Justicia para que le informara en relación a la violación de las garantías individuales y derechos humanos del detenido, fue hasta ese momento (después de notificados del amparo) que el Agente del Ministerio Público Investigador en turno con detenidos de nombre Hans Openhaimer Pérez y el Comandante de la Policía Ministerial en turno permitieron a los familiares y a los abogados defensores comunicarse con el quejoso y fue entonces cuando este expresó tanto al actuario enviado por el juez Federal como a sus defensores que había sido torturado, golpeado y vejado por los elementos de la policía ministerial para que confesara y firmara lo que ellos le dijeran y que el día jueves 12 de febrero ratificaría dicha confesión ante el ministerio público en presencia de un defensor de oficio, no del particular.

La confesión obtenida a través de actos de tortura está gravemente sancionada por el artículo 22 Constitucional y la Suprema Corte que dichas violaciones contravienen los principios del debido proceso y la defensa adecuada de las personas por lo que NO TIENEN VALIDEZ LEGAL ALGUNA y en el caso concreto, el señor Raúl Orozco Pérez fue privado del derecho a nombrar un defensor particular lo cual también contraviene sus derechos humanos universalmente reconocidos. Por tales motivos, en breve se estará solicitando la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los familiares de Raúl Orozco Martínez solicitan se  sancione a los culpables del robo a las arcas municipales pero no permitirán de modo alguno que por medio de confesiones coaccionadas y simuladas se le habrá un proceso a todas luces viciado e ilegal a Raúl Orozco Martínez, sobre todo considerando que la tortura es una acto aberrante que ya debería haber sido desterrado de la instituciones de procuración de justicia. NO SE DEBE COMBATIR LA ILEGALIDAD CON MAS ILEGALIDAD’’.

‘‘ACTUALMENTE EL SEÑOR RAÚL OROZCO MARTINEZ A SIDO CONSIGNADO POR COHECHO, ES DECIR, SE LE ESTA INVENTANDO UN DELITO SÓLO PARA RETENERLO EL MAYOR TIEMPO POSIBLE, A RAIZ DE QUE FUE DETENIDO ILEGALMENTE’’.

‘‘ESTA ES UNA INFORMACIÓN QUE TODOS LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HAN NEGADO A DIFUNDIR’’.

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