· Es una “aberración” que el gobierno impida el desarrollo económico de una región con vocación minera, dijo el comisariado Adolfo de la Peña

La Paz, Baja California Sur.- Después de que un tribunal federal anulara la autorización de impacto ambiental que hiciera la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto minero Los Cardones en la Sierra de la Laguna, el comisario ejidal de San Antonio, Adolfo de la Peña Arámburo, aseguró que con este resolutivo se deja en el abandono económico a casi 2 mil habitantes de los pueblos aledaños, que asegura “tienen vocación minera” y esperaban trabajar en la inversión canadiense. En entrevista para El Independiente, el también representante de la Asociación Ganadera Ejidal, denunció que en estas comunidades no existe “ninguna fuente de trabajo”, por lo que calificó esta cancelación como “lamentable” y aseguró que en próximas fechas se tomarán acuerdos con los representantes de dichas comunidades para iniciar un “movimiento” y manifestar su rechazo a este resolutivo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA). “No tenemos ninguna fuente de trabajo, estamos completamente olvidados por los tres niveles de gobierno, nos parece una aberración […] Históricamente somos la delegación que mantuvo siempre el Estado y ahora nos están mandando al olvido de todo […] Nos parece sumamente muy raro que nuestro gobierno esté actuando de esta manera, ahorita de momento no hemos previsto algún movimiento, lo más posible es que sí […], vamos a tomar acuerdos”, aseguró De la Peña. “No sé por qué aquí en Baja California Sur, principalmente, no tenemos funcionando una mina, nos da sumamente mucha tristeza ver que nuestro gobierno nos esté dando para atrás con eso, si de eso vivimos […], mantuvimos el Estado muchos años, más de dos siglos, antes éramos un lugar chico, teníamos 26 mil habitantes, ahora tenemos casi el millón y necesitamos una mina más grande, afortunadamente tenemos el oro para mantener el Estado”, reiteró el comisario. Explicó que el 95 por ciento de los habitantes de dicho distrito minero “está de acuerdo” con este tipo de proyectos extractivos a cielo abierto en la Sierra de la Laguna, debido a que Desarrollos Zapal, S.A. de C.V. contrató a “gente muy preparada” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes constataron que los asuntos referentes al arsénico y cianuro se estaban llevando a cabo con la más alta tecnología y sin riesgo para los mantos acuíferos del lugar. “Cómo un gobierno federal te está vendiendo la concesión como un carro del año que no puede circular, pues no la venden a dos pesos la concesión, la venden para trabajar y desde luego hay ordenamientos que se deben seguir […], el oro es la moneda del mundo, las empresas no quieren comprar oro de las empresas que contaminan, por eso antes de instalarse una empresa buscan que su proyecto, no contamine porque si no, no hay a quien venderle”, agregó. Finalmente, opinó que las asociaciones no gubernamentales que componen el Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida (Freciudav), quienes iniciaron el juicio de nulidad que derivó en la cancelación de estos permisos ambientales, son personas “que tienen su situación económica definida” y que incluso se dedican a “bajar fondos gubernamentales e internacionales”, y dijo que aquellos que pretenden que la entidad viva del turismo solamente no entienden que en San Antonio los visitantes “no se bajan ni a comprar una coca cola”. “¿Por qué no funciono esto si toda la vida hemos tenido minería?, no nos hemos muerto, es muy triste eso que dicen […] Aquí en nuestro pueblo dicen que vamos a vivir del turismo, los que hacen negocio son los transportadores, ellos son los que hacen dinero […] con que en este pueblo nadie haga algo”, finalizó el ejidatario para este matutino.