• Adelantaron que el Gobernador solicitó 480 mdp para equipamiento policiaco en 2017

La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado buscará apoyar el programa “Vivir en Paz” anunciado por el Ejecutivo Estatal el pasado 26 de octubre, esto mediante un trabajo legislativo en materia presupuestal que permita otorgar de manera “suficiente”, pero “sin descuidar los programas sociales”, los recursos que han solicitado en sus instituciones de seguridad pública y otros sectores afines. Así lo manifestó la diputada Guadalupe Saldaña Cisneros (PAN), en entrevista para Diario El Independiente, señaló que si bien “no todo es dinero”, Carlos Mendoza Davis ha solicitado, en primera instancia, un financiamiento de 480 millones de pesos para equipamiento y patrullas de alta tecnología; además, la también coordinadora de Acción Nacional en el Poder Legislativo, manifestó que este apoyo provendrá de todas las fuerzas políticas. “Como Congreso hoy le manifestamos nuestra suma, no hablo solamente de la fracción del PAN, sino de todo el Congreso y, ¿en qué sentido? Bueno, en el presupuesto, queremos darle más recursos al tema de seguridad y también al área de Rescate de Espacios Públicos, de programas de Prevención al Delito y toda esta parte que favorece y nos va a llevar a fortalecer ese tema para el programa ‘Vivir en Paz’”, aseguró la legisladora por el VIII distrito electoral. Asimismo, explicó que este esfuerzo se enfocará en “redireccionar (sic)” recursos, con la finalidad que de manera “responsable”, se sumen recursos para obra pública, programas educativos, construcción de espacios y prevención de adicciones; en este rubro, aseguró que el programa incluirá a la sociedad civil organizada, que tendrán a su cargo la operación de los Centros de Adicciones y diversas actividades más. Por otra parte, aseguró que el programa contempla crear la Ley de Extinción de Dominio para Baja California Sur, que legalizará la pérdida del derecho de una propiedad sobre los bienes que directa o indirectamente sean instrumento, objeto o producto de un delito, sin compensación o contraprestación alguna por parte del Estado. Esta no es considerada una pena especificada en el Código Penal, sino una consecuencia testimonial que pone en duda el origen de los recursos de determinadas personas. “Es una estrategia integral donde todos entramos, todos participamos y en este sentido el Congreso pues está con todo en eso. Como es un programa integral, no se le descobija a nadie, estamos hablando de obras públicas y ahí entran los parques, los espacios deportivos que de por sí ya estaba en planes del ejecutivo y del congreso apoyar este sector. También en nuestros distritos con el trabajo que hacemos con la sociedad invitarla a que se sume”, agregó. Mediante un pronunciamiento en tribuna, la legisladora mostró su apoyo a dicho programa y dejó ver que también se deberá trabajar en adecuaciones a los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), con la finalidad de incluir nuevos esquemas de prevención del delito; en entrevista para este medio, aseguró que esta parte “se está trabajando y que se quiere de manera responsable proponer en los próximos meses”, aseguró.

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