• De 90 empresas agrícolas, ninguna ha logrado la certificación libre de trabajo infantil • Anuncia federación y estado inspección en cuando menos 30 campos de 90 La Paz, Baja California Sur.- Luego de admitir la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que de 90 empresas agrícolas registradas ninguna está certificada como libre de trabajo infantil; dependencias del gobierno federal y estatal anunciaron inspección en los ranchos para verificar que los patrones cumplan con los servicios de salud, educación, vivienda y hasta créditos. En conferencia de prensa ofrecida en la delegación de la STPS, José Ernesto Álvarez Gámez, al anunciar el inicio de un programa de inspección laboral en cuando menos unos 30 campos agrícolas de Baja California Sur en este 2016. Expreso que durante 2015 alrededor de 10 campos buscaron el Distintivo Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil (DEALTI), pero ninguno lo alcanzó pero que se abre de nuevo la convocatoria 2016. Explicó sobre este programa de inspección laboral está conformado por la STPS federal y estatal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot), el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). El Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Gustavo Hernández-Vela Kakogui puntualizó que ésta iniciativa surge de la reciente reunión entre el gobernador Carlos Mendoza Davis y el secretario del Trabajo, Jesús Alfonso Navarrete Prida. Es por ello, dijo que este es un programa contundente, muy fuerte y, sobre todo, muy coordinado que busca cuando menos inspección una tercera parte de los campos agrícolas en este año, mientras que en 2013 a 2015 se inspeccionaron sólo 28. El representante del IMSS, Ricardo Mendoza informó que en diciembre de 2015 se afiliaron a 15 mil jornaleros agrícolas, siendo Baja California Sur ejemplo de afiliación en mano de obra del campo, aun cuando se hace difícil el proceso ante la lejanía de los predios y la dispersión de población. De acuerdo con la STPS, se registraron 1 mil 572 violaciones a normatividades relacionadas con riesgo de trabajo; orden, limpieza y ventilación en el área laboral; altas al IMSS; manejo correcto de plaguicidas y herbicidas; equipo de protección personal; seguridad en el manejo de maquinaria agrícola; trabajo de menores de edad. Asimismo 1 mil 143 observaciones a infraestructura como son; habitaciones, comedores, guarderías, equipos contra incendio, botiquines, baños y regaderas, lavaderos, equipos de aplicación y agua. Informó la STPS que fueron clausurados 7 ranchos en Comondú y Mulegé, así como 7 denuncias penales interpuestas a propietarios, las cuales ignoran como va su procedimiento, pero que “se está actuando”. En movilidad laboral, Hernández Vela indicó que se han movilizado a 2 mil 300 jornaleros a sus lugares de origen, e igualmente se les gestionó su salario que no les cubrió la empresa. Agregó que las empresas están obligadas a invertir el 4 % de las utilidades anuales que perciben, en infraestructura para atención de los trabajadores agrícolas que va desde vivienda, escuela y salud como espacios de sano esparcimiento.

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