• Secretario de Educación Pública ya tenía antecedentes sobre los acosos a los niños residentes Benedicto Hernández Zepeda / Alan Flores Ramos La Paz, Baja California Sur.- Ante la denuncia presentada por 6 familias en la Procuraduría General de Justicia del Estado, por hechos que pueden constituir un delito, en perjuicio de sus hijos que residen en un albergue escolar ubicado en el poblado de Santiago del Municipio de Los Cabos, la dependencia inició la averiguación previa correspondiente y ordenó la inmediata atención médica y psicológica de las presuntas víctimas. La información fue dada a conocer ayer por el jefe de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Gobierno del Estado, Lic. Jesús Manuel Sobarzo Larrañaga, quien agregó que la denuncia refiere que 7 menores de edad, fueron presuntamente abusados sexualmente y sujetos de maltrato por parte otros 2 menores de edad, también residentes en el mismo albergue, cuya ubicación e identidad de los menores, se resguarda para no vulnerar sus derechos. Indicó el funcionario que tan pronto como se recibió la denuncia, la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la averiguación previa correspondiente, ordenando de inmediato la atención médica y psicológica de las presuntas víctimas y se instruyó a la subprocuradora de Atención a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, trasladarse al lugar de los hechos y atender personalmente, tanto la investigación, como a los familiares y a las propias presuntas víctimas. Hizo saber el funcionario que, personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han coadyuvado en todo momento en la actuación de la autoridad, para asegurar el pleno respeto a los derechos humanos de los involucrados. También ese aseguró que la Secretaría de Educación Pública del Estado, dispuso la suspensión del director del albergue, hasta en tanto se deslinde su responsabilidad y para no entorpecer las investigaciones de la autoridad, la misma dependencia comisionó un equipo especial de servidores públicos, para hacerse cargo del albergue en cuestión. La Procuraduría General de Justicia del Estado, ha ordenado la revisión de las condiciones en las que se encuentran todos los albergues del Estado, a fin de garantizar las condiciones de seguridad de quienes ahí residen y fue instruida la Contraloría General el Estado, para realizar la investigación orientada a determinar la existencia de responsabilidad administrativa, por hechos u omisiones en su funcionarios por los servidores públicos encargados de la integridad de los menores, en su estancia en el albergue. Sobarzo Larrañaga, precisó que dada la naturaleza del caso y por tratarse de menores de edad, las autoridades están obligadas a guardar la mayor reserva en cuanto a su identidad y pormenores. Finalmente el funcionario dijo que la convicción del Gobierno del Estado, es que todos los sudcalifornianos, pero particularmente los menores de edad, tienen el derecho a vivir en paz, con salud, a prosperar y a recibir una educación de calidad y a no ser sujeto de violencia y abusos, en consecuencia aseguró que, no se limitarán recursos de ningún tipo para esclarecer, de manera categórica la veracidad de la denuncia, el deslinde de las responsabilidades que existan y asegurar la atención de quien haya resultado afectado. SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA YA SABÍA SOBRE ACOSO A LOS NIÑOS RESIDENTES Los menores abusados eran residentes del albergue escolar Bonifacio Salinas Leal, en la comunidad rural de Santiago, en el municipio de Los Cabos, muy cercano a la escuela primaria Andrés Quintana Roo. Cabe destacar que unos meses después del inicio de la administración de Carlos Mendoza Davis, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Jiménez Márquez, aceptó haber atendido quejas de acoso en dos albergues escolares que existen en Baja California Sur siendo éstos los ubicados en Santiago (albergue Bonifacio Salinas Leal) y San Antonio, en el municipio de La Paz (albergue Ignacio Ramírez), que dan hospedaje y alimentos a 70 jóvenes de educación básica y media superior (de los seis a los 18 años). En ese entonces, Héctor Jiménez aseguró que la SEP tomó medidas al respecto, como brindar atención psicológica a los residentes, aislar a los estudiantes adolescentes de preparatoria de los niños que cursan la primaria; el secretario enfatizó que los estudiantes de educación media superior deberán abandonar los albergues escolares en el corto plazo para evitar estas situaciones. Mientras tanto, el Gobierno del Estado aseguró que las investigaciones sobre estos presuntos delitos ya se encuentran en manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Subprocuradora de Atención a Delitos Contra la Libertad Sexual y de la Familia, quienes atenderán personalmente esta situación y han ordenado la inmediata atención médica y psicológica a los niños y sus familias. La página web de la Secretaría de Educación Pública indica que la administradora actual del albergue de Santiago es Virginia Gómez Cota; sin embargo, ella se encontraría temporalmente suspendida hasta la resolución de este caso, para poder establecer y determinar responsabilidades administrativas por hechos u omisiones en el ejercicio de sus funciones. La propia Secretaría ha asignado un nuevo equipo de funcionarios que han tomado la dirección del lugar. El Gobierno del Estado anunció que esta investigación se lleva a cabo de la mano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que se encargará de garantizar la debida salvaguarda de los derechos humanos de los imputados, las víctimas y de todos los involucrados. Por último, el Gobierno del Estado anunció que la Contraloría General del Estado (CGE) ha iniciado una revisión completa a los 30 albergues que existen en la entidad para verificar que operen garantizando la seguridad de los estudiantes que ahí se encuentran, por lo que cualquier irregularidad será categóricamente sancionada. “Todos los sudcalifornianos, especialmente los menores de edad, tienen derecho a vivir en paz, a la educación y no ser sujetos a abusos. Vamos a esclarecer de manera categórica la veracidad de esta denuncia”, finalizó el vocero, quien dijo ser el único autorizado por el Gobierno de BCS para dar declaraciones al respecto. [gallery columns="2" size="full" ids="60719,60720"]

Este contenido ha sido publicado originalmente por diarioelindependiente.mx si está pensando en usarlo, debe considerar que está protegido por la Ley. Si lo cita, diga la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido, ojo AL PRINCIPIO DE LA NOTA. Atte. Diario El Independiente